El 28 de noviembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), introduciendo importantes cambios en la estructura del gobierno mexicano. Esta reforma incluye la creación de nuevas secretarías de Estado, la redistribución de facultades entre las dependencias existentes y un enfoque renovado en áreas estratégicas como transparencia, igualdad de género, ciencia y tecnología. Estas modificaciones buscan fortalecer la gestión pública y adaptarla a las necesidades actuales del país.
Nuevas Secretarías de Estado
La reforma establece la creación de cuatro nuevas secretarías que reemplazarán o complementarán funciones de dependencias existentes, con objetivos específicos alineados a los retos actuales de México:
- Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno: Sustituyendo a la Secretaría de la Función Pública (SFP), esta nueva dependencia se encargará de profesionalizar la gestión pública, promover la integridad y combatir la corrupción. Entre sus funciones destacan la fiscalización, la mejora continua de los procesos gubernamentales y la coordinación de contrataciones públicas.
- Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación: Diseñada para fomentar el desarrollo científico y tecnológico, esta secretaría coordinará investigaciones y gestionará instituciones educativas como la Universidad Nacional Rosario Castellanos. También implementará políticas públicas con un enfoque en la sostenibilidad.
- Secretaría de las Mujeres: Encargada de diseñar e implementar políticas relacionadas con la igualdad de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres y la coordinación de sistemas de cuidado. Esta secretaría también integrará programas de salud y educación con perspectiva de género.
- Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones: Enfocada en la inclusión digital, esta agencia gestionará el Sistema Nacional de Identificación Personal y promoverá la cobertura universal de telecomunicaciones. También liderará proyectos relacionados con el gobierno digital.
Estas secretarías comenzarán a operar oficialmente el 1 de enero de 2025, utilizando los recursos humanos, financieros y materiales transferidos desde otras dependencias como el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
Redistribución de Facultades
La reforma no solo crea nuevas dependencias, sino que también redistribuye responsabilidades clave entre las secretarías existentes. Algunas de las principales modificaciones incluyen:
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): Ahora será responsable de nombrar a los titulares de las unidades de administración y finanzas en las entidades paraestatales, además de centralizar las compras y contrataciones de bienes y servicios.
- Secretaría de Gobernación (Segob): Supervisará el Servicio Nacional de Identificación Personal y documentará las actividades públicas del Ejecutivo Federal para su difusión en medios.
- Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): Tendrá nuevas atribuciones para garantizar un trato digno a los migrantes mexicanos y promover la revalorización del fenómeno migratorio.
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): Se encargará de coordinar acciones de inteligencia y vigilancia en instalaciones estratégicas, además de fortalecer las políticas de prevención de violencia y el control penitenciario.
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): Colaborará con la Secretaría de la Defensa Nacional en la implementación de políticas de cambio climático y fomentará el concepto de economía circular.
- Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT): Perderá la facultad de gestionar telecomunicaciones y radiodifusión, manteniendo su enfoque en obras y transporte público.
Impacto en la Administración Pública
Estos cambios representan un esfuerzo por modernizar la administración pública y adaptarla a los desafíos actuales. La creación de secretarías específicas, como la de Anticorrupción y Buen Gobierno, responde a la creciente demanda de transparencia y eficacia en la gestión gubernamental. Por otro lado, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones refuerza la importancia de la tecnología como un motor para la inclusión social y el desarrollo económico.
La redistribución de facultades busca optimizar los recursos y eliminar duplicidades en las funciones de las dependencias existentes. Por ejemplo, centralizar las compras gubernamentales bajo la SHCP podría generar ahorros significativos y mayor control sobre el gasto público.
Implicaciones para el Sector Privado y la Sociedad
El impacto de esta reforma también se extiende al sector privado y a la ciudadanía en general. La creación de la Secretaría de las Mujeres, por ejemplo, podría impulsar políticas más inclusivas en el ámbito laboral y fortalecer programas de apoyo a las mujeres emprendedoras. Asimismo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones facilitará la interacción entre los ciudadanos y el gobierno mediante plataformas digitales.
Por otro lado, las nuevas facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia migratoria son un paso importante para proteger los derechos de los mexicanos en el extranjero y mejorar su acceso a servicios consulares.
Conclusión
La reforma a la LOAPF marca un cambio significativo en la estructura y funcionamiento del gobierno mexicano. Al crear nuevas secretarías y redistribuir facultades, esta reforma busca enfrentar los retos actuales con una administración más eficiente, transparente y enfocada en el desarrollo sostenible.
Si bien la implementación de estos cambios requerirá ajustes operativos y normativos, representan una oportunidad para fortalecer la gobernanza y generar beneficios tangibles para la sociedad mexicana. La clave será garantizar que estos nuevos órganos trabajen de manera coordinada y cumplan con los objetivos establecidos.